A 12 meses de que Pablo Rodríguez Laurta, de 39 años, inscribiera su nombre en las páginas más oscuras de la crónica policial argentina, la investigación entra en su etapa de definiciones. El ciudadano uruguayo, imputado por perpetrar un homicidio en Entre Ríos y un doble femicidio en Córdoba, pasa sus días recluido en una celda individual de la cárcel de Cruz del Eje, totalmente aislado y sin recibir visitas.

Su único contacto con el exterior son sus defensores: en Entre Ríos, el abogado Augusto Lafferriere, quien lo representa por el homicidio y descuartizamiento del chofer Martín Palacio —ocurrido el miércoles 8 de octubre de 2025—; y en Córdoba, el defensor oficial José Legarreta, a cargo de la causa por los femicidios de su expareja, Luna Giardina, y de su exsuegra, Mariel Zamudio, perpetrados el sábado 11 de octubre del año pasado.

Un plan sangriento y calculado

De acuerdo con las pesquisas policiales y judiciales, Laurta planificó con meticulosidad cada uno de sus movimientos. Las primeras señales de su estrategia se remontan a los últimos días de septiembre de 2025, cuando alquiló una cabaña en Salto (Uruguay), localidad separada de la ciudad de Concordia por el río Uruguay. Allí permaneció diez días practicando el manejo de kayak y piragua.

El martes 7 de octubre, el acusado cruzó el límite internacional a remo para no dejar registros migratorios y escondió la embarcación en un monte de Puerto Yeruá. Ya en territorio entrerriano, se comunicó con Martín Palacio, un remisero a quien conocía desde la pandemia por viajes previos, para solicitarle un traslado nocturno hacia Rafaela, Santa Fe.

Durante la madrugada del miércoles 8 de octubre, las cámaras de seguridad de una estación de servicio en San Salvador registraron al vehículo Toyota Corolla de Palacio cargando combustible. Sin embargo, no era el chofer quien conducía, sino Laurta, ya sin rastro del remisero.

La familia de Palacio radicó la denuncia por averiguación de paradero al perder contacto con él. La mañana del jueves 9 de octubre, la policía cordobesa encontró el Toyota Corolla completamente incendiado en el barrio Villa Reitor, en la periferia norte de la capital provincial, sin rastros de su conductor.

Dos días después, el sábado 11 de octubre, la Policía de Córdoba descubrió la tragedia en el barrio Villa Serrana: Laurta había masacrado a su expareja y a su exsuegra, y había secuestrado a su hijo de 5 años. Laurta contaba con antecedentes por violencia de género y acoso contra Giardina.

Tras cometer el doble femicidio, abordó un taxi junto al menor hacia la Terminal de Ómnibus y luego viajó a Gualeguaychú, con el objetivo de cruzar clandestinamente a Uruguay. Finalmente, el domingo 12 de octubre fue capturado en el Hotel Berlín de esa ciudad entrerriana. En la habitación donde se hospedaba, las fuerzas de seguridad hallaron una pistola cargada que habría sido empleada en los crímenes.

La complejidad de la causa radica en el trabajo coordinado y articulado entre los Ministerios Públicos Fiscales de Entre Ríos y Córdoba.

Según pudo saber AHORA, el legajo a cargo de la fiscal Daniela Montangie se encuentra a la espera de pericias clave para disponer el remisión a juicio. Aún resta conocer en detalles lo que contiene un disco rigido extraible que fue secuestrado en la habitación del hotel que alquiló en Gualeguaychú.

El Ministerio Público Fiscal (MPF) avanzó con pericias telefónicas, caligráfica, balística y morfológica. Sin embargo, como la causa tramita de manera conexa con Córdoba, los elementos secuestrados debieron peritarse primero allá y luego ser trasladados a Entre Ríos, lo que generó demoras en los plazos.

A esto se suma la espera de documentación requerida a la República Oriental del Uruguay y el resultado de un cotejo de ADN coordinado de forma conjunta con la Justicia cordobesa para ser incorporado en ambas investigaciones.

Laurta además de las causas por homicidio, femicidio y secuestro tiene otras por amenazas y por abuso de menores, ya que en los teléfonos celulares que le encontraron había imagenes de abuso sexual infantil.

A pesar de los tiempos técnicos, las autoridades judiciales entrerrianas prevén que hacia fines de este año la Instrucción Penal Preparatoria (IPP) quede formalmente clausurada para que el expediente sea elevado a juicio por jurados.