En el marco del debate oral que se lleva a cabo por la venta de armas legales a delincuentes, Martín Mocciaro, propietario y gestor de la tradicional Armería Paraná, declaró este jueves ante la jueza Carolina Castagno. El comerciante se dijo ser inocente y no liderar ninguna banda. “Yo no soy un delincuente”, sentenció Mocciaro, quien además dijo que siempre trabajó legalmente.

Fiscalía tiene otra mirada, ya que en los allanamientos realizados en la Armería Paraná encontraron 42 armas no registradas, 11 sin documentación, cuatro pistolas cargadas entre otras irregularidades. Esta causa que este viernes finaliza con los alegatos empezó a ser investigada tras una grave balacera ocurrida en mayo de 2024 en calle República de Siria, en Paraná. Ese caso fue el disparador para conocer que armas comprada legalmente se utilizaban en tiroteos en los barrios de la capital provincial.

Durante la audiencia que presenció AHORA, el imputado respondió a las preguntas planteadas por sus abogados defensores, Cristhian Panceri y José Velázquez, como así también a los cuestionamientos del fiscal Laurano Dato, quien lo acusa de vender armas a legítimos usuarios con antecedentes penales o con la Credencial de Legítimo Usuario (CLU) vencida. Esas armas de fuego luego iban a parar a manos de delincuentes de distintas zonas de Paraná afectando la tranquilidad de los vecinos.

Por su parte, el acusado Lautaro Villanueva, quien es defendido por Javier Aiani declaró, pero no respondió preguntas y desestimó que haya sabido que uno de los compradores de un arma suya sea menor de edad. A su vez, Jonathan Duarte, representado por Claudio Berón eligió el silencio.

Mocciario se sentó frente a la jueza y habló de un negocio que conoce muy bien. Al ser interrogado sobre las exigencias normativas al momento de tramitar la venta de un armamento, Mocciaro explicó el procedimiento estándar y argumentó que el control primario y habilitante recae de manera directa en la validez del documento presentado por el comprador: “Él (por Villanueva) me presentó la credencial de legítimo usuario vigente. Cuando una persona tiene la credencial de legítimo usuario vigente, no se le exige el certificado de antecedentes penales, ya que por el simple hecho de tener la credencial vigente ya lo habilita”, afirmó el comerciante.

Villanueva adquirió 16 armas de fuego, pero cuando lo allanó la Policía en diciembre de 2025 tras una minuciosa investigación no le encontró un arma en su casa. Se cree que el hombre que se gana la vida como albañil compraba las armas y las vendía a delincuentes.

En relación con los requisitos estrictos exigidos para la obtención o renovación de la CLU, Mocciaro remarcó que exige sin excepción la totalidad de los requisitos legales a cada postulante. Entre la documentación requerida enumeró la inexistencia de antecedentes penales mediante el certificado correspondiente, ser mayor de 21 años, acreditar un medio de vida lícito (como recibos de sueldo o pagos de monotributo/autónomos), aprobar el examen psicofísico y contar con la acreditación de idoneidad en el manejo de armas de fuego expedida por un instructor habilitado.

Asimismo, al ser consultado sobre la posibilidad de haber tramitado credenciales sin que los solicitantes pasaran por las evaluaciones psicológicas o de tiro, Mocciaro negó categóricamente esa práctica. Aclaró que, aunque existió formalmente la opción de que un psiquiatra evaluara a los clientes en su oficina, dicha alternativa nunca llegó a aplicarse, por lo que todos los solicitantes acudieron personalmente a las instalaciones de los profesionales e instructores registrados.

Fallas administrativas y el caso del usuario Villanueva

Al abordar el caso particular del usuario Villanueva y las demoras en la validación por parte del organismo regulador (ANMaC, ex-Renar), el titular de la armería detalló los pasos de una transferencia de tenencia y tarjeta de consumo de munición de una pistola calibre .22, efectuada el 10 de noviembre de 2023.

Según detalló, tras corroborar que ambas partes contaban con sus credenciales vigentes, confeccionó el formulario, certificó las firmas del comprador y del vendedor, y presentó formalmente la documentación ante el organismo nacional.

Sin embargo, Mocciaro sostuvo que la notificación de objeción se demoró considerablemente en los registros oficiales y que la dependencia nacional incumplió en notificar a tiempo que el expediente contenía una observación: “Cuando yo me entero que el trámite estaba observado y que el Renar se demoró un año y meses en informar, yo le informo a Villanueva que el arma me la tenía que devolver porque el trámite no había salido”.

El armero explicó que se enteró de la novedad tiempo después y de manera casual. Para cuando intentó rehacer el formulario a fin de subsanar el error, la credencial del comprador ya había vencido, por lo que procedió a informarle sobre las vías legales para regularizar su situación.

Consultado sobre por qué no dio aviso directo a las autoridades nacionales al advertir la irregularidad en la planilla, Mocciaro remarcó que la irrupción de las medidas judiciales interrumpió cualquier gestión administrativa posterior: “Al detectar esa situación, le informo a Villanueva, no ante el organismo oficial, porque no me dio tiempo; al poco tiempo estuvo el allanamiento y no me dio tiempo a hacer más”.

Sobre este punto, Villanueva dijo que el arma calibre .22 en cuestión se le cayó en una laguna pescando. Además sostuvo que la mayoría de las armas que compró se las vendió a otros legítimos usuarios, pero que no hicieron la transferencia. Y Villanueva aclaró que lo subestiman por ser albañil: “Siempre trabajé y pagué todo para poder ser legítimo usuario porque me gustan las armas”.

Quedó claró en la audiencia que Villanueva perdió la posibilidad de ser legitmo usuario por una causa de violencia de género. Al tener una causa penal se suspende la habilitación.

En su exposición final sobre este tramo del interrogatorio, el comerciante afirmó haber actuado en todo momento sin conocimiento de anomalías previas en la documentación del usuario, concluyendo que desconocía cualquier situación irregular vinculada al trámite en cuestión y remarcando que la existencia de observaciones o errores administrativos ocurre solo en una minoría de los casos, derivando habitualmente de omisiones cometidas por el propio organismo regulador.