La exfiscal anticorrupción, Cecilia Goyeneche, analizó el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que dejó firmes las condenas contra el exgobernador Sergio Urribarri, su cuñado Juan Pablo Aguilera, el exministro Pedro Báez y otros involucrados en la megacausa por corrupción. “A partir de ahora no hay más recursos, terminó el sistema recursivo argentino, la sentencia está firme”, sentenció.

En diálogo con Canal 9 Litoral, Goyeneche explicó que los jueces que los condenaron ahora deben “disponer la ejecución de la pena para que se empiece a cumplir”. Tras esto, la competencia pasará a los juzgados de ejecución de penas, quienes deberán resolver pedidos como las prisiones domiciliarias, beneficio que, según adelantó la entrevistada, las defensas ya se encuentran tramitando.

En cuanto a los plazos, la exfiscal estimó que a Urribarri le restan cumplir aproximadamente 8 años de prisión, a los que se le descontarían unos 50 días que ya pasó detenido. En el caso de Aguilera, la pena restante sería de 6 años y medio, también menos los días ya computados, mientras que Báez, quien cumplió prisión preventiva domiciliaria, podría tener una reducción mayor. Además, aclaró que “podrán obtener salidas a partir de que cumplan la mitad de la pena, si hay buena conducta”.

Sobre el lugar de detención, Goyeneche indicó que será el Servicio Penitenciario quien defina si los exfuncionarios son alojados en pabellones comunes o especiales, decisión que dependerá de “garantizar el orden y la seguridad dentro de la unidad” y no de los roles que ocuparon en el Estado.

Decomiso de bienes y un “sabor a poco”

La exfiscal destacó que la sentencia no solo implica la privación de la libertad, sino también el decomiso de los “instrumentos de los delitos”, como los dos inmuebles de calle Racedo donde funcionaban las imprentas adjudicadas a Aguilera. “Pasan a ser propiedad del Estado entrerriano”, remarcó, y sugirió que el Estado debería iniciar acciones civiles para “recuperar el dinero que se llevaron y gastaron“.

Al ser consultada sobre las condenas condicionales para algunos de los involucrados, Goyeneche admitió que en su momento “dejaron un sabor a poco”, ya que los fiscales habían solicitado penas más altas. Sin embargo, priorizó la firmeza del fallo: “Para nosotros lo importante es que hubo condenas, declaraciones de culpabilidad y que los principales responsables tuvieron condena de pena efectiva”.

Finalmente, reflexionó sobre el impacto personal tras años de trabajo en la causa, que derivó en su destitución. “Lo sentimos como una reivindicación y un momento de realización. Fue una causa que costó mucho, llevó mucho esfuerzo personal y angustias, y significó muchos embates a raíz de la decisión de empujar para que este juicio se realice”, concluyó.