Las universidades nacionales de todo el país convocan este jueves 26 de junio a una manifestación federal para pedir la aprobación de una Ley de Financiamiento Universitario. En un contexto de huelga de 48 horas de sus docentes y personal administrativo y de servicios, la comunidad de la UNER se reúne a partir de las 12.00 en la plaza Alvear de Paraná.

La convocatoria frente a la Facultad de Ciencias de la Educación en calles Buenos Aires y Alameda de la Federación está dirigida a estudiantes, docentes y el público en general para “visibilizar el conflicto y reclamar el tratamiento de la ley”, indica el llamamiento de la Asociación Gremial de Docentes Universitarios (AGDU).

La jornada de protesta en todo el país tiene las consignas de la recuperación de los salarios de los universitarios, que suma alrededor de 40% de pérdida de poder adquisitivo desde que asumió el gobierno de La Libertad Avanza, por más presupuesto para las universidades nacionales y para ciencia y tecnología y por aumento de las becas estudiantiles.

Luego, desde las 14 y en el mismo lugar, el Sindicato de Trabajadores de la Docencia Universitaria (Sitradu) llama a una concentración para marchar a las 15 hacia Casa de Gobierno, donde harán una “chocolatada y asamblea”.

Finalmente, la “Jornada de apoyo a la comunidad científica y el sistema universitario” incluirá una emisión especial de 𝘀𝘁𝗿𝗲𝗮𝗺𝗶𝗻𝗴 “𝗩𝗼𝗰𝗲𝘀 𝗾𝘂𝗲 𝗱𝗲𝗳𝗶𝗲𝗻𝗱𝗲𝗻 𝗹𝗼 𝗽𝘂́𝗯𝗹𝗶𝗰𝗼” de la Federación Universitaria de Entre Ríos (FUER).

El proyecto de ley 

Este miércoles representantes del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) expusieron ante la Comisión de Educación y Cultura del Senado de la Nación los principales puntos del proyecto de Ley de Financiamiento Universitario que se elaboró en conjunto con las federaciones docente, la nodocente y la Federación Universitaria Argentina (FUA).

El texto del proyecto presentado establece la fuente de financiación, sin crear nuevos impuestos y manteniendo el equilibrio fiscal del Estado nacional.

Cuando fue presentado en la Cámara de Diputados, el presidente del CIN, Oscar Alpa, precisó que el proyecto “implica, básicamente, una reorientación de prioridades del gasto del gobierno nacional” porque “la inversión en educación universitaria no solo es una obligación legal y ética del Estado, sino que, también, constituye una estrategia clave para el desarrollo económico y social del país”.